Urbanismo y Vivienda

En un afán legítimo de acercar las decisiones a la realidad, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han ido asumiendo competencias en Urbanismo y Vivienda. Era una decisión lógica frente al centralismo histórico. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es en el ámbito municipal y regional donde los intereses y egoísmos se ponen más en evidencia a la hora de confeccionar los Planes de Urbanismo y las presiones son insoportables y difíciles de evitar, y donde la vigilancia del estado de las viviendas públicas en alquiler se ha abandonado totalmente, creando auténticos problemas de conservación, limpieza, corresponsabilidad y entendimiento entre los propios vecinos, por razones simplemente electorales. Es necesario, por tanto, que aquellas decisiones importantes referentes a urbanismo y vivienda se tomen con criterios sociales, medioambientales y espaciales, objetivas y solidarias con el individuo y la naturaleza.

El Partido Ibérico (íber) ve en la rehabilitación de las viviendas una de las formas más útiles de crear mano de obra. Es en las reparaciones caseras donde seguramente se crean más puestos de trabajo permanentes con relación a otras actividades de mantenimiento. De ahí, que favorezcamos la rehabilitación considerando que es una de las inversiones más eficaces.

PROPUESTAS

Elaboración de una Ley del Suelo Estatal para toda Iberia, donde se definan las condiciones materiales, sociales y medioambientales de los Planes de Urbanismo en todos los ámbitos territoriales. Somos conscientes de que, tal y como ha proclamado el Tribunal Constitucional español, esta es una normativa reservada a las Comunidades Autónomas y por lo tanto esta ley solamente podría quedar limitada a regular aspectos generales y a coordinar. En este sentido, proponemos una reforma de la Constitución para permitir ampliar la competencia estatal en esta materia, de tal modo que la ley estatal pueda recoger una normativa general más profunda y cohesiva, que las Comunidades Autónomas podrán luego desarrollar y ejecutar. Esta normativa estatal general prestará especial atención a garantizar un uso ordenado del suelo y a evitar los abusos que en otras épocas se han producido.
Subvencionar, durante los próximos diez años, las mejoras en la eficiencia energética de las viviendas antiguas.
Crear un parque de vivienda pública en alquiler con opción a compra, favoreciendo la buena conservación y un uso saludable y solidario de la misma en la renovación de los contratos.
Revisar la Ley sobre Inspección Técnica de Edificios antiguos para hacerla más flexible.
Crear un organismo ibérico tasador de bienes inmuebles que actúe con total independencia de los bancos.
Dedicar una parte del ahorro en el pago de intereses de la deuda a un programa de rehabilitación de viviendas.
Mayor vigilancia de las viviendas públicas en régimen de alquiler para evitar su deterioro y mal uso.
Reconocimiento de la dación en pago de la vivienda para amortizar el crédito.