ESTRATEGIA UNIÓN IBÉRICA

Estrategia Unitaria Ibérica ante la Unión Europea

Considerando que la mayoría de los asuntos que afectan a los ciudadanos de la Península Ibérica son tratados en la Unión Europea; donde el Parlamento Europeo es el órgano fundamental, y cuyas decisiones acaban afectando a vidas y haciendas de los ciudadanos europeos, procede tener previsto un plan defensivo de cara a los movimientos que se llevarán a cabo tras el “Brexit” británico.

Procede tener presente que la historia nos enseña como muchos acuerdos (de política económica y de política exterior) se tomaron no porque fuesen buenos para la mayoría de los ciudadanos, sino porque interesaban a los países grandes, fundamentalmente a Alemania (96), Francia (74), Reino Unido (73) y/o Italia (73). España con 54 eurodiputados, y mucho menos Portugal, con 21, nunca fuimos grandes potencias en Europa. Solo nos beneficiábamos de aquellos proyectos que habiendo sido pensados para los grandes también podíamos sacar provecho.

Tras el abandono (posiblemente en el año 2018) del Reino Unido de la UE, se creará un nuevo escenario donde la amenaza de algunos de los países pequeños/medianos, “Holanda (26), Suecia (20), Dinamarca (13) y Finlandia (13)” de abandonar la UE, si no se aprueba esta o aquella política, será una constante. Algo que Alemania no puede permitirse, por lo que las amenazas de los pequeños supondrán un peligro para España y Portugal. Los mencionados países nórdicos son contribuyentes netos dentro de la UE y propondrán recortes a cuestiones como la Política Agraria Común (PAC) y Desarrollo Regional, de cuyos fondos España y Portugal son claros beneficiarios.

No disponer de políticas comunes en, “política exterior”, “fiscalidad”, “defensa”, etc., es lo que, de hecho, aglutinó distintos intereses, (la razón de la fuerza) mientras a los aglutinados les interesase. Y uno de los ejemplos más claros es el

“cheque británico” concesión que la UE le otorgó, irregularmente, al Reino Unido, para que –como no se benefician de la PAC— la aportación del RU al presupuesto de la UE (0,7% del PIB nacional; 0,3% del IVA nacional) suponía ser un “financiador nato”, al aportar más que lo que recibe, y la UE anualmente, devolvía al RU la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe, convirtiéndose en un miembro de la UE, neutro respecto a la financiación, diferenciando al RU, en esta cuestión y otros acuerdos como “Shengen” o el “Eurogrupo”.

El hecho de no existir asuntos que beneficiando a alguno de los países de la Península Ibérica, pudiera perjudicar al otro, hace posible pensar en una estrategia común ante la incomprensible deriva de la Unión Europea.

La hipótesis respecto de los países nórdicos debería suponer que los estrategas hispano-lusos planifiquen el “cómo deberá ser la Península Ibérica tras el año 2050”. Y ahí es donde el Partido Ibérico debe actuar como catalizador para que los eurodiputados españoles y portugueses (sean quienes fueren en el futuro) se planteen que: “en Europa hay que actuar como una unidad para ser fuertes, además de aparentarlo”. Si en las futuras elecciones al Parlamento Europeo, en 2019, los partidos mayoritarios acordasen introducir cuestiones comunes en sus respectivos programas electorales para llevarlas a cabo en el Europarlamento con una sola voz, la Península Ibérica dispondría de 75 eurodiputados, quedando solo por detrás de Alemania (96). Y así no solo defenderíamos los intereses comunes, similares en ambos países en cuestiones como la agricultura, ganadería, pesca, turismo, energía, etc., sino que aquellos países (medianos/pequeños) que propusiesen cuestiones contrarias a los intereses ibéricos, se lo pensarían antes, por la posibilidad de que 75 diputados Ibéricos pudieran abstenerse o votar en contra de cuestiones que, siéndonos indiferentes, a esos países les interesase su aprobación.

Y, como en política lo que es previsible que ocurra, acabará ocurriendo, no hay que descartar que: “en una reunión de cualquier Consejo Europeo, se acuerde que los países con sectores descontrolados de forma permanente tendrán un plazo breve de tiempo para adaptar sus estructuras, porque dejarán de recibir ayudas al “descontrol”.

Ese divorcio político, desconocido hasta ahora, es el instrumento que otros países como los ya reseñados: (Holanda, Suecia, Finlandia o Chequia) utilizarán para chantajear a un club (la UE) que no puede permitirse que voluntariamente se vaya otro país. Surgiendo la pregunta: ¿Por qué querrían irse estos países de la UE? Respuesta: Porque, gran parte de los contribuyentes de esos (y otros) países no entienden “por qué hay que seguir financiando, con presupuestos de todos, desviaciones de algunos sectores; como por ejemplo, el descontrolado sector vitivinícola español, que, con un consumo de 17 millones de hectolitros, produce más de 50 millones de hectolitros de vino al año. Dándose la paradoja que, los países mencionados, tienen un consumo per cápita de vino del doble del consumo en España. ¿Por qué los que bebemos más vino, tenemos que pagar los excesos de quienes beben menos? Piensan en el norte de Europa. (Y, en el fondo, tienen razón)

Ante esa realidad, habría que plantearse acordar una política general común de España y Portugal ante la UE, para defender unos intereses, (¡todos los intereses!) que son similares. Si acordasen actuar, de facto, con una sola voz, en todos los asuntos que afectasen a uno u otro país, la “Península Ibérica” tendría un peso político de 75 eurodiputados, (el 9,99 por ciento de toda la UE) siendo superados solo por Alemania, con 96 europarlamentarios; y por encima de Francia, con 74; e Italia, con 73.

Así, cuando los “burócratas” sin alma acordasen sanciones, o recortes injustificados, para la “Ibérica Península, como una sola voz, se amenazaría con convocar un referéndum para que los hispano-lusos se manifestasen al respecto. El riesgo de ese ultimátum no lo soportaría el conglomerado de mercaderes y burócratas europeos. Porque, no olvidemos, que sería la segunda potencia europea quien amagaría con tal movimiento en la partida que, de llevarse a cabo, supondría la muerte definitiva del sueño de Schuman, Adenauer, Monnet, y Delors, entre otros.

La defensa de los intereses de España y Portugal no solo corresponde a quienes, temporalmente, tienen la representación del Estado, también los ciudadanos tenemos nuestra parte de responsabilidad en ese desafío. Por tanto, el “Partido Ibérico” debería utilizar a sus simpatizantes

y su prestigio para motivar, en España y Portugal, a los diferentes partidos políticos para crear una comisión de aproximación a una “estrategia Hispano-Lusa común” para lo que resta del Siglo XXI. Así se estaría garantizando la defensa de los intereses de los ciudadanos que aún están por nacer. Ahí, en ese desafío el Partido Ibérico tendrá su protagonismo.

¿Cómo se haría lo que podría hacerse?

El Partido Ibérico –salvo mejor opinión—puede ser el promotor ante la sociedad civil (ante los electores) de que, independientemente de los enfrentamientos políticos partidistas, en Europa procede defender los intereses comunes en equipo. Sabiendo que, en España, partidos políticos como “IU, PODEMOS, PNV, EH BILDU, NOVA ESQUERRA CATALANA, COMPROMÍS, ERC, CDC, IC VERDS” solo les interesa defender asuntos de singularidad territorial; y en Portugal, el PCP, y el BE, están más interesados en romper la UE y crear la, hipotética, república del proletariado, buscando alternativas al capitalismo, que en defender los intereses de los portugueses, en general. Pero, previo conocimiento, de lo que cada partido hace en el Parlamento Europeo con los votos recibidos, los electores sabrán a qué atenerse en sucesivas euroelecciones.

El Partido Ibérico, propondrá que se establezca, en la presente legislatura europea, una comisión de coordinación, para que en las comisiones que en el Parlamento Europeo se toman las decisiones, a saber: Asuntos Exteriores; Derechos Humanos; Seguridad y Defensa; Desarrollo; Comercio Internacional; Presupuestos; Control Presupuestario; Asuntos Económicos y Monetarios; Empleo y Asuntos Sociales; Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria; Industria, Investigación y Energía; Mercado Interior y Protección del Consumidor; Transportes y Turismo; Desarrollo Regional; Agricultura y Desarrollo Rural; Pesca; Cultura y Educación; Asuntos Jurídicos; Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Asuntos Constitucionales; Derechos de la Mujer e Igualdad de Género; Peticiones; Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil; Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales; se pactaría que, en cada comisión, sólo interviniese un parlamentari@, en representación de los dos países, pudiendo utilizar para su intervención y defensa de las propuestas que correspondan, el tiempo que correspondería a dos intervenciones.

Incluso se podría intentar, dado el número de parlamentarios ibéricos, constituir el grupo propio “Ibérico”, además de los ya existentes: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa

Europa de las Naciones y de las Libertades, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa, Europa de las Naciones y de las Libertades.

Para avanzar en esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, se sugerirá a los grandes bancos ibéricos que fijen un premio fin de carrera o beca, para aquellos “trabajos fin de grado” universitarios, que estén centrados en dotar de argumentos jurídicos a la “Estrategia Unitaria Ibérica ante la Unión Europea”. Cuyos estudios y dictámenes se tendrían en cuenta dentro de la Península Ibérica, y en el resto de la UE se tendrá el convencimiento de que se va en serio.

Desde el Partido Ibérico, se motivará a la prensa de esta filosofía para su traslado a la ciudadanía civil.